La crisis carcelaria divide opiniones. Mientras los funcionarios del Ministerio de Seguridad y un legislador oficialista le quitan dramatismo a la situación, distintos referentes de la oposición cuestionaron duramente la inacción del Poder Ejecutivo para resolver este problema que, según explicaron, atentan contra la seguridad de la provincia.

LA GACETA publicó dos informes especiales sobre el tema. En uno de ellos consignó que en la actualidad, en las cárceles y comisarías había unos 2.275 reos, cuando la capacidad real es de 1.350. También se advirtió que por la implementación del nuevo Código Procesal Penal, hasta maya la cantidad de personas privadas de la libertad podría llegar a ser de 3.000. El ministro Claudio Maley consideró que el sistema carcelario no está colapsado, sino al límite. “Se irán habilitando lugares a medida que se necesiten”, explicó.

Maley también anunció en LA GACETA que el penal de Villa Urquiza se habilitarán próximamente unos 260 cupos y que se estaba edificando un centro de detención que podría albergar unos 1.000 reclusos

En su edición de ayer, se publicó un informe que circulaba en el área de Seguridad en el que se consignaba que de los 1.600 policías que prestan servicios diariamente, al menos 745 están destinados al cuidado y traslado de los 1.000 reos que se encuentran alojados en las diferentes comisarías de la provincia.

“No es tan así. Ese es un cálculo en base a la fuerza efectiva de cada comisaría, pero entre las distintas funciones que las mismas cumplen, atención ciudadana, recepción de denuncias, patrullajes, intervenciones inmediatas, también tienen la custodia de los arrestos”, señaló el subsecretario de Seguridad Julio Ardiles.

“De acuerdo al volumen de arrestados, entre uno a tres efectivos tienen la custodia directa y cuando surge algún inconveniente con los reos todos se colaboran o piden refuerzos a las unidades especiales de contención”, agregó el funcionario.

Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, opinó: “somos conscientes de que tenemos un problema. En la última sesión votamos el restablecimiento de la Emergencia en Seguridad. Pretendemos equipar con armas de calidad a la Policía, realizar reformas edilicias en comisarías, lograr una articulación conjunta con otros ministerios. Todo esto forma parte de una reestructuración de políticas de Seguridad”.

“Con un nuevo gobierno nacional y otro presupuesto podremos disponer de equipamiento preventivo, como cámaras de seguridad y vehículos. También podremos trazar políticas penitenciaria con más recursos humanos y edilicios”, concluyó.

Contrataque

El legislador alperovichista Julio Silman destacó que la provincia se encuentra en una situación crítica. “Esta realidad no es nueva, la veníamos advirtiendo desde hace varios años en la cámara. No sólo que no nos escucharon, sino que la falta de decisión política para reconocer los problemas nos colocan en un momento muy complicado, porque ya casi no hay margen para buscar una solución”, destacó en una entrevista con LA GACETA.

“Los tucumanos somos víctimas todos los días del accionar de ladrones, y las autoridades que deben tomar en serio este tema, diseñando y aplicando medidas de fondo para que vivamos en paz, sólo terminan haciendo parches”, señaló el radical José María Canelada.

“Y la consecuencia está clara: menos policías en las calles, más burocracia, un sistema carcelario que está en crisis desde hace años, y las peores estadísticas en la materia de todo el país”, agregó.

Ricardo Bussi (FR) indicó: “no podemos destinar 745 policías por día para custodiar reos, para ello necesitamos construir más y mejores cárceles. El penal de Villa Urquiza se encuentra próximo a cumplir 100 años y desde su construcción no se hizo absolutamente nada en materia carcelaria”.

“Tucumán dispone de los recursos para hacerlo, falta la voluntad política del gobierno de Juan Manzur para llevar adelante esta tarea”, agregó.

Planteos

Canelada y Silman integraron la Comisión de Seguimiento de Emergencia en Seguridad durante tres años. “Hace años le propusimos al gobernador destinar empleados administrativos para esas tareas internas de la fuerza, y que la Policía saliera a la calle. También le aconsejamos convocar a efectivos retirados para engrosar y traer experiencia. Manzur tenía las opciones al alcance de su mano y no hizo nada”, indicó.

Silman coincidió con su par y agregó: “esto se parece una persona que sufrió un preinfarto. Los médicos le recomiendan al paciente que tiene que cuidarse con las comidas y que debe dejar de fumar. Pero si no lo hace, lo más probable es que termine sufriendo un infarto que termine con una intervención quirúrgica, si es que no se muere antes”.

Propuestas

- Incorporar empleados públicos para que realicen  tareas administrativas.

- Alquilar propiedades para centros de detención.

- Reincorporar personal retirado de la fuerza.

- Incrementar el número de efectivos en la fuerza.

- Potencializar las tareas de prevención para lograr disminuir los delitos.

- Modificar el régimen policial